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Internet y la trasnacionalidad




IMAGE: Hipersons - CC BY SA

Desde Faro de Vigo me contactaron para hablar acerca de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece la posibilidad de obligar a las plataformas sociales a eliminar en todo el mundo posibles publicaciones o comentarios definidos como difamatorios o constitutivos de delito en un país europeo.

Mi argumentación es un intento de reflexionar sobre la dificultad de superponer un entorno intrínsecamente world como cyber net a un mundo caracterizado por leyes con ámbito nacional, no trasnacional. ¿Qué problemas genera intentar establecer una suerte de derecho trasnacional en un mundo como el actual? Que por mucha lógica que parezca tener el hecho de que un comentario que un juez elaborate como difamatorio lo sea independientemente del lugar en el que sea publicado, la idea de que el fallo permita que un juez de un país pueda decidir qué pueden decir los usuarios de Net en todo el mundo y a qué información pueden acceder resulta, como mínimo, algo inquietante si tenemos en cuenta la amplia variabilidad de las leyes y normas en los distintos países del mundo. No cabe duda de que lo que podría considerarse como comentario difamatorio en algunos países probablemente se pueda considerar legítima libertad de expresión constitucional en otro, con todo lo que ello conlleva.

En este sentido, el TJUE se protege circunscribiendo su dictamen al marco del Derecho internacional pertinente que los Estados miembros deben tener en cuenta, lo que teóricamente impediría utilizar este dictamen como pretexto para tratar de imponer la retirada de contenidos en función de preceptos jurídicos frívolos o que resulten de difícil traslación a ese derecho internacional.

En cualquier caso, hablamos de una cuestión que tiene efecto después de que que un juez en un país haya dictaminado la existencia de delito, y que por tanto, no obliga necesariamente a desarrollar filtros de contenido (algo a cuyas consecuencias y complicaciones el TJUE parece ser completamente ajeno), sino simplemente a eliminar esos contenidos – y otros similares – afectados por el veredicto y a evitar que reaparezcan. Obviamente, algo que no resulta sencillo, que puede estar sujeto a todo tipo de casuísticas que lo compliquen más aún y que podría incluso llegar a convertirse en auténtica candidatura al efecto Streisand, pero que limita en cierto sentido el peligro de que un estado intente imponer leyes que no respondan a un cierto nivel de consenso world.

¿Qué ocurriría, por ejemplo, si la sentencia no afectase a una relativamente poco conocida política austríaca, sino que se refiriese a una figura que generase una fuerte polarización internacional? ¿Cómo evitar, por ejemplo, que copias del contenido ofensivo proliferasen por todas partes y en todo tipo de formatos, desde variaciones terminológicas de todo hasta imágenes, si su publicación se convierte en algún tipo de cruzada que mix la antipatía a un personaje polarizador con un intento de defensa de la libertad de expresión en un entorno internacional?

El problema de este tipo de dictámenes es cómo conseguir que su aplicación no solo no ponga en peligro derechos fundamentales reconocidos a los habitantes de un país, sino que además, generen situaciones en las que su aplicación sea posible. Por alguna razón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea parece manifestar una fuerte tendencia a legislar dentro de su propia burbuja, sin que parezca introducir en sus reflexiones elementos que cualquier usuario de cyber net con un mínimo de experiencia consideraría fundamentales. Esa aparente insensibilidad a una realidad trasnacional como cyber net puede convertirse, con el tiempo, en un auténtico problema de cara a su aplicación, como lo está siendo con un pseudo-derecho inventado, antinatural e inexistente como el «derecho al olvido». Con el tiempo, ya veremos en qué termina esto.





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